La conmoción que está causando el accionar de las bandas criminales en la región La Libertad está obligando a que las autoridades políticas empiecen a plantear medidas sumamente drásticas para tratar de hacerles frente.
Primero, fue el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, el que envió una carta a la presidenta de la República, Dina Boluarte, mediante la cual pide el retiro del Perú del Pacto de San José de Costa Rica y se aplique la pena de muerte a los delincuentes que cometen delitos graves.
Empero, ayer, el burgomaestre de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Carlos Mariños, envió el oficio N° 1101-2024, a la mandataria con el mismo tenor.
Carlos Mariños propuso no esperar más para tomar decisiones drásticas. “Hay que enfrentar de forma radical a esta criminalidad. El país se está desangrando. Acá no se trata de tintes políticos. Tenemos que unirnos todos y exigir que la presidenta de la República, Dina Boluarte, frene la delincuencia. Si solo llevan a 10 criminales a la pena de muerte, el resto mira y recién ahí van a empezar a cambiar”, comentó.
En tanto, el alcalde del distrito de Laredo, Sergio Vílchez, dijo coincidir con sus colegas de Trujillo y Pataz.
Por su parte, el alcalde del distrito de Huanchaco, Efraín Bueno Alva, señaló que se tiene que evaluar el retiro del Pacto de San José. “Países como Estados Unidos y Canadá no forman parte de dicho pacto y eso les ha permitido aplicar sanciones drásticas como la penal de muerte”, puntualizó.

Finalmente, el burgomaestre de la comuna de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, mencionó estar de acuerdo con radicalizar las sanciones a los criminales, pero hizo hincapié en el punto de que debería especificarse a quiénes se les dictaría esa sanción.