En una maratónica jornada de dos sesiones continuadas realizadas la tarde de ayer, el Concejo Provincial de Pacasmayo, trató los dos pedidos de suspensión formulados contra el alcalde Elmer León Pairazamán.

Los pedidos formulados por las alcaldesas de los centros poblados de Mazanca, distrito de San Pedro de Lloc; y Limoncarro, distrito de Guadalupe, fueron tratados, como correspondía, por separado. 

Ambos pedidos tenían el mismo fondo de acusación, el presunto incumplimiento del Art. 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades que regulan la transferencia de recursos económicos de las municipalidades provinciales y distritales hacia los centros poblados de sus jurisdicciones. 

Alcaldesa de Mazanca desiste 

La primera sesión se realizó a las 4 de la tarde, para tratar el pedido de la alcaldesa de Mazanca, Julia Beatriz Cahuana Curi, quien en su escrito ingresado el 27 de mayo de 2024 al Jurado Nacional de Elecciones con expediente JNE 2024001608, y trasladado al pleno del concejo provincial, argumentaba que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo no había transferido los recursos económicos de enero a diciembre del año 2023.

La sesión fue presidida por la primera regidora, Ana Vértiz Espinoza, dado que el alcalde se hallaba en calidad de encausado en el pedido de suspensión.

Aunque el pedido de suspensión fue formulado en mayo, el 21 de octubre de 2024, la misma alcaldesa de Mazanca suscribió e ingresó a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo un escrito de desistimiento del pedido que iba a ser tratado por el pleno del concejo, en la sesión de este jueves 14 de noviembre.

En el sustento del desistimiento señala que “el concejo municipal provincial ya acordó transferirnos regularmente la asignación de los montos para el sostenimiento de los servicios públicos delegados, instancia provincial, mediante ordenanza N°001-2024-MPP”.

Agrega que el desistimiento se interpone “con el objeto de no generar incertidumbre y las relaciones interinstitucionales se desarrollen en armonía”.

El escrito fue leído en la sesión por lo que este se tuvo que someter a votación. 

Por unanimidad el pleno del concejo aprobó el pedido de desistimiento, en consecuencia, ya no se trató el pedido de suspensión y se dio por concluida la sesión.

Por unanimidad concejo rechazó suspensión

El segundo pedido fue tratado a las 5 de la tarde, en nueva sesión. Atendiendo a la formalidad del procedimiento, la primera regidora Ana Vértiz Espinoza, presidió la sesión.

El pedido de suspensión fue formulado el 15 de mayo ante el Jurado Nacional de Elecciones, con expediente JNE 2024001612, por la alcaldesa del Centro Poblado de Limoncarro, Edualda Izquierdo Izquierdo.

Invocaba las mismas causales del pedido de suspensión formulado por su par de Mazanca, infracción al artículo 133 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972.

Izquierdo Izquierdo pedía la suspensión del alcalde por 120 días en el cargo, por el presunto inclumpliento antes mencionado por no haber transferido los recursos económicos desde enero a diciembre del año 2023.

En la sesión de concejo, el abogado del alcalde Elmer León Pairazamán, Carlos Guanilo Guanilo, recordó que las municipalidades de centros poblados manejan sus recursos y reciben transferencias (0.5% de la UIT) de sus municipalidades distritales y de su municipalidad provincial.

En este sentido, Limoncarro recibe obligatoriamente transferencias de la Municipalidad Distrital de Guadalupe desde el año 2021 a merced de la Ordenanza n° 016-2021-MPP del 31 de marzo de 2021. En este extremo la MPP no estaba en la obligación de hacer transferencias a los centros poblados.

Sin embargo, la LOM sufrió una modificación el 30 de diciembre de 2023 por la que se obliga a las municipalidades provinciales y solo desde entonces se les convierte en exigible dicha la transferencia. Es así que el 25 de enero de 2024 se aprueba por unanimidad la Ordenanza 001-2024-MPP que obliga a ejecutar las transferencias, y que según dijo el abogado del alcalde, se está cumpliendo.

Exigir estas transferencias del año 2023 no corresponde, porque la ley no es retroactiva, en ese sentido, no se vulneró ninguna norma.

El pleno de concejo a nivel de regidores consideraron, que no se había infringido la LOM en su artículo 133 y, en consecuencia, por unanimidad rechazaron el pedido de suspensión por 120 días.

El resultado de esta sesión es pasible de ser apelado ante el Jurado Nacional de Elecciones por parte de la recurrente.

A la sesión asistieron algunos ciudadanos interesados en conocer el resultado del pedido. Se vieron personas provenientes de Limoncarro, con carteles respaldando al alcalde provincial.