La Policía Nacional del Perú no ha podido localizar al suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán. La exautoridad fue declarada reo contumaz en dos ocasiones debido a procesos judiciales por presunta difamación. Una vez más, el trabajo de inteligencia de esta institución genera dudas. En tanto, Fernández Bazán ha tratado de no perder protagonismo.

Denuncias

A pesar de su situación legal, Fernández ha decidido contrarrestar todo con acciones similares, iniciando procesos de difamación contra la jueza Ingrid Pajares Acosta y el arqueólogo Ricardo Morales Gamarra. En su demanda, el alcalde suspendido exige una reparación de un millón de soles a cada uno.

La jueza Pajares Acosta, quien lidera el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad, declaró a Fernández reo contumaz. Su decisión se basa en un caso de difamación que el alcalde enfrenta contra Morales Gamarra, exdirector del proyecto Huacas de Moche.

En su denuncia, Fernández ha señalado que la magistrada le habría solicitado en varias ocasiones que dejara de filmar su audiencia. Además, en su acusación indica que Pajares Acosta le atribuyó el delito de desobediencia a la autoridad.

Otro proceso

El amigo y defensor de Fernández, Danny Pinillos, ha asumido un rol protagónico en estos procesos. En declaraciones recientes, Pinillos expuso que se había enviado una carta notarial a Morales Gamarra, dándole la oportunidad de retractarse de sus comentarios.

“Se le dio la oportunidad para que usted haga un mea culpa y diga que se equivocó y que no fue preciso en lo que dijo y difamó. Pero al no haberlo hecho, he tenido que ingresar esto”, afirmó.

La controversia surgió por unas declaraciones de Morales en un medio periodístico. Según la querella, calificó las acciones de Fernández como una “tontería”.